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El fallo del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos podría tener implicaciones importantes, dependiendo de lo que decida la Corte Suprema del estado en un caso separado pero relacionado.
Uber y Postmates, una plataforma de entrega de alimentos que ahora posee Uber, alegaron que el Proyecto de Ley 5 de la Asamblea violaba sus derechos bajo la Cláusula de Igualdad de Protección de las constituciones estatales y estadounidenses. AB 5 exige que las empresas de transporte y entrega traten a sus trabajadores como empleados en lugar de contratistas independientes y codifica la llamada prueba ABC para determinar qué trabajadores deben recibir beneficios. Según la ley, otras empresas de conciertos están sujetas a una prueba diferente, que Uber y Postmates afirmaron que era injusta.
Las empresas demandaron y solicitaron una orden judicial contra la ley que entró en vigor a principios de 2020. El año pasado, un panel de tres jueces del Noveno Circuito se puso del lado de Uber y revivió el caso, que previamente había sido desestimado por un juez federal.
Pero hoy, en un escrito para el tribunal de apelaciones de 11 jueces en pleno , la jueza Jacqueline Nguyen dijo que hay “razones plausibles” para tratar a Uber de manera diferente a otros tipos de empresas que utilizan trabajadores autónomos, como Wag, una plataforma que conecta a dueños de perros y paseadores de perros. porque la Legislatura “percibió a las empresas de transporte y entrega como los perpetradores más importantes del problema que buscaba abordar: la clasificación errónea de los trabajadores”.
Según las últimas estimaciones de la industria, más de 1,4 millones de trabajadores en California realizan trabajos de conducción y reparto basados en aplicaciones para grandes empresas como Uber, Lyft, DoorDash e Instacart.
Lorena González, directora de la Federación Laboral de California y ex legisladora estatal autora de AB 5, dijo hoy en un comunicado: “Esta es una victoria para todos los trabajadores del estado, pero especialmente para los trabajadores crónicamente mal clasificados en trabajos de transporte compartido y reparto. Ahora debemos seguir buscando formas de hacer cumplir esta ley”.
El fallo significa que “la Legislatura puede continuar promulgando leyes que impacten a las empresas de manera diferente si la decisión de hacerlo es racional, sin preocuparse de que dichas leyes violen los derechos constitucionales de la corporación”, dijo Veena Dubal, profesora de derecho de UC Irvine cuyo centros de investigación sobre trabajo y desigualdad. “Esto es particularmente importante porque muchos sectores ahora están concentrados en dos o tres grandes empresas”.
La decisión también es importante porque la Corte Suprema de California escuchó en mayo argumentos orales en un caso que impugnaba la constitucionalidad de la Proposición 22, la iniciativa que la industria de los conciertos sometió a votación en 2020 y que aprobó la mayoría de los votantes de California. La Propuesta 22 eximió a Uber y otras empresas como Lyft, DoorDash e Instacart de la AB 5, permitiéndoles seguir tratando a sus trabajadores como contratistas independientes y al mismo tiempo darles algunos beneficios nuevos que no tenían antes, como ingresos mínimos garantizados.
Uber cuenta con que el tribunal más alto del estado ratifique la Proposición 22, en la que gastó más de 57 millones de dólares de los aproximadamente 200 millones que la industria de los conciertos puso en la campaña. Sostiene que AB 5 amenaza las “oportunidades laborales flexibles” que muchos californianos desean.
Theane Evangelis, abogada de Uber, en una declaración enviada hoy por correo electrónico reiteró la posición de la compañía de que “con AB 5 la Legislatura atacó injustamente a mis clientes por animadversión y no por razón”. Uber había argumentado que AB 5 tiene muchas exenciones para empresas que pagan a trabajadores en diferentes industrias. Incluyen artistas en vivo, profesionales de la música, tasadores de bienes raíces y más.
Pero William Gould, profesor emérito de la Facultad de Derecho de Stanford y ex presidente de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, calificó la opinión de “eminentemente sensata”. Gould dijo que el tribunal “sostiene correctamente que Uber y otros pueden estar cubiertos cuando la Legislatura los considere desproporcionadamente responsables de la desigualdad en la economía colaborativa”.
Si se ratifica la Proposición 22, sería una gran victoria para Uber y las otras grandes empresas, pero el fallo de hoy significa que todavía estarían en apuros en cualquier caso en el que se determine que han violado las leyes relacionadas con la clasificación de trabajadores antes de la Propuesta 22. 22 entró en vigor. En la decisión del tribunal de apelaciones, Nguyen se refirió a “las acciones estatales en curso que buscan reparación retrospectiva, incluidas sanciones civiles”, contra Uber y Postmates.
Si se rechaza la Proposición 22, el fallo del tribunal de apelaciones significa que “estas empresas no tienen este caso al que recurrir para eximirse de tener que proporcionar protecciones laborales básicas”, dijo Dubal.
La Corte Suprema del estado presenta su opinión escrita dentro de los 90 días posteriores al alegato oral, por lo que su decisión podría llegar a fines de agosto.