En una noche fría de noviembre, la primera después de una serie de días con temperaturas en los setenta, personas se encaminaron para una Antigua tienda en el Acushnet Avenue en el Lado Norte de New Bedford. Algunos de las 50 y tales personas reunidas hablaron de sus vidas con amigos en el español y quiché’, un idioma hablado por más que un millón de personas en las comunidades rurales Mayas de Guatemala.
Dos semanas antes, los electores norteamericanos eligieron el Donald Trump a la presidencia por la segunda vez y ese hecho les asombró a los asistentes — inmigrantes del América Central en su mayoría, muchos sin documentos — en el Centro Comunitario de Trabajadores (CCT).
Al longo de la campaña presidencial, el Trump prometía a los votantes que su administración iba realizar deportaciones masivas, a veces jurando declarar una emergencia nacional y que esas van a incluir los militares para detener inmigrantes. En una entrevista publicada por “Meet the Press,” Trump dijo que pensara en remover los hijos ciudadanos de los deportados para esquivar la separación de familias y su elección para zar de la frontera, Tom Homan, dijo que la mayor operación de deportaciones en la historia se iba comenzar en el día 21 de enero, un día después de la tomada de pose del Trump.
El primero para hablar aquella noche en New Bedford fue el Jefe de la Policía Paul Oliveira que recibió preguntas en español sobre los efectos potenciales de los planes de deportación proclamados por el Trump en las operaciones de la policía municipal. ¿Qué hagamos si experimentemos un crimen de odio? ¿Lo podemos reportar? ¿Si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) piden que la policía municipal detenga a una persona, lo hacen los oficiales lo hacen?
“No estamos involucrados con el ICE,” Oliveira aseguró a la gente a través de un intérprete. “Nada se va a cambiar entre la policía y la comunidad con que interactuamos.”
La Jennifer Velarde, una abogada de inmigración basada en New Bedford, se subió al palco después del Oliveira y comenzó a listar las diferentes medidas que los asistentes pudieran tomar para prepararse por la mudanza dramática en la política de inmigración: No se abra la puerta a nadie que no tiene un orden firmado por un juez. Se tiene el derecho de quedarse callado. Que se deje de tomar el alcohol u otras sustancias que alteran la mente — y que se busca tratamiento para los trastornos relacionados a ello — con fin de evitar problemas legales.
La Velarde también aconsejó al grupo que se preparen documentos dando la custodia de sus niños a personas de confianza y que tengan sus pasaportes listos para que les puedan visitar a sus padres en el extranjero.
“Si usted sepa de que haya una situación en que uno se puede ser deportado, háblalo en familia,” dijo. Todo el consejo que ella ofreció pudo ser resumido en una palabra: prepárense.
“Hay muchas cosas en que no sabemos que va a pasar,” dijo Velarde. “Lo que sí, sé, es que mucho de lo que ya sé de la inmigración se va a cambiar, y eso no va a ser bonito.”
Al largo de los últimos dos siglos, los inmigrantes han buscado el refugio en New Bedford y se han convertido en el base de su mayor sector económico — la industria pesquera — que, según un estudio del año 2019 patrocinado por la autoridad del Puerto de New Bedford, genera unos $11,1 billones de dólares anualmente en actividad económica. Con sus raíces en la industria de ballena y los textiles, la presencia de los inmigrantes en la ciudad sigue fuerte y se continue creciendo. Más que un quinto de los más que 100.000 residentes de New Bedford nacieron en el exterior, según el estimado de un año del 2023 American Community Survey, casi los 55 por ciento de ellos no ciudadanos.
Los defensores de los inmigrantes piensan que exista la posibilidad de que New Bedford será un blanco clavo en una gran lista de lugares clavos en una nueva campaña de deportación baja la nueva administración. El CCT fue fundado por activistas aquí como resultado de una redada de marzo 2007 realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) — entonces la mayor en la historia estadounidense — en la fábrica de textiles Michael Bianco Inc., ubicado en el Lado Sur de New Bedford. En la redad, que salió de un aviso de un empleado en la misma fabrica, Los agentes detuvieron 361 trabajadores indocumentados del Cabo Verde, la Republica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Portugal, y otros países. Un activista con el grupo, un guatemalteco indocumentado que habló baja la condición del anonimato por su miedo de ser deportado, dijo que el evento señaló que el nacimiento del CCT en la lucha y que se vaya a continuar en ella para los obreros y la comunidad inmigrante durante la segunda administración Trump.
Muchos expertos dicen que las deportaciones masivas en la escala prometida por el Trump separarían las familias, resultaría en la perdida de careras, y drenaría los beneficios sociales por los billones que contribuyen los indocumentados a los programas como el Seguro Social y Medicare por sus impuestos sobre el rendimiento sin tener acceso a los pagos o servicios de los mismos programas. No solo les daría una vuelta a las casas de pez en New Bedford si no afectaría los impuestos coleccionados por el estado y potencialmente esforzaría muchos residentes a salir de la zona en búsqueda de trabajo.
El New Bedford tiene más experiencia de la primera mano con las deportaciones en escala grande por haber vivido la Redada Bianco. En el 2007, más que la mitad de las personas detenidas fueron guatemaltecos, y la mitad de ellos fueron Maya del departamento de El Quiché en el noroeste del país. Las agencias de la ciudad y las organizaciones del servicio social intentaban ayudar al pueblo negar el caos. La redada también lo hizo imposible ignorar el hecho de que grandes sectores de la economía estadounidense descansan en la mano-a-la-obra de inmigrantes sin documentos.
La falta de detalles de los planes de Trump deja a los oficiales, activistas, y civiles aprehensivos y ansiosos sobre su escala, las tácticas, y los posibles impactos de ellos. Sin embargo, los activistas dicen que tienen la certeza de que la ciudad no va a esquivar las consecuencias de ellas.
“Yo considero que él va a cumplir con lo que dijo,” el activista del CCT, que también trabaja con una organización del derecho laboral con enfoque en las casas de pez en New Bedford y su alrededor llamado Pescando Justicia, dijo. “Nuestra comunidad todavía no está preparado para eso.”
Ya que sea un segmento pequeño de la economía estatal, la pesquera y procesamiento de mariscos dominan a New Bedford. Oficiales municipales pregonan su estado como el Puerto pesquero mayor del país por el valor de los productos recogidos. En el 2023, el valor de los mariscos traídos al puerto fue en sima de los $363 millones, según los datos del Servicio Nacional de la Pesquera Marina. (En el segundo lugar salió el Dutch Harbor, en Alaska, cuyos mariscos tuvo un valor de $224,5 millones.) Mucho de eso se debe al precio de la vieira atlántica de que consiste el 80 por ciento de los mariscos desembarcados en New Bedford.
La herranza marítima de la ciudad cuyas raíces se extienden hacía el siglo 19 cuando era un centro internacional en la industria ballena y el procesamiento de sus productos es clave a su identidad. Es una historia que dio lugar a las comunidades azorianas y caboverdianas que se juntaban a las tripulaciones de los barcos que parraban en los archipiélagos por descanso y reabastecimiento. Los dos grupos ya son integrales a la cultura de la ciudad. Según la Helena DaSilva Hughes, presidenta del Centro de Ayuda al Inmigrante (IAC) — una organización de servicios sociales local sin fines de lucro — los inmigrantes fueron esenciales a las industrias marítimas de la ciudad entonces y continúan así, sin importarse de su estado migratorio.
“No se puede hablar de que New Bedford es el puerto [pesquero] número uno en el país por 20 años sin hablar de quién es que haga el trabajo. [Las casas de pez] son el motor económico de New Bedford,” dijo Hughes, y que sin su labor “dejarían de funcionar.”
Casi 10.000 personas indocumentadas viven en New Bedford, según el estimado más reciente proporcionado por el IAC, uno conservador desde la perspectiva de Hughes. Ella agregó que su organización está en el proceso de arreglar clínicas para preparar a familias y asegurarles de que estén listos si les pase lo peor.
“Los indocumentados no serán los únicos deportados, los que tienen la residencia permanente legal tampoco son ciudadanos y también están vulnerables a la deportación,” dijo Hughes.
“Hay muchas personas vistas como si fueran indocumentadas que no lo son en realidad,” dijo Corinn Williams, directora del Centro Comunitario del Desarrollo Económico del Sureste de Massachusetts (CEDC), otra organización local de servicios sociales sin fines de lucro que trabaja de forma extensive con la comunidad inmigrante. “Viven en circunstancias precarias porque muchos de los programas que le permiten vivir aquí tienen que ser renovados de vez en cuando.”
Programas así incluye los de la acción diferida por motivos del esfuerzo de la ley, los que llegaron como niños, el Estado de Protección Temporal, y también las políticas de asilo. La continuación de esas políticas es una pregunta abierta baja una nueva administración Trump.
La incertidumbre, hasta un punto, es la meta, afirmó Williams, al mismo si las deportaciones no ocurran de una manera tan grande como la Redada Bianco.
“La propuesta es aterrorizar a comunidades y criar un régimen del miedo,” ella dijo.
La inmigración ocurre más al nivel individual, según Williams, y cada caso tiene su proprio contexto y matiz que lo dificulte en navegar los procesos legales. Al abrumar el sistema no resulta solo en la disminución de la velocidad de los procesos sino la desaparición total de los recursos de ayuda para maniobrarlo.
“Eso fue la tragedia de la Redada Bianco,” dijo. “Fue una operación masiva y la gente no sabía como encontrar la ayuda. ¿Pero quién tiene la capacidad para defender a todos los casos?”
La presencia centroamericana en New Bedford debe sus orígenes a convergencia de dos eventos significantes en la década de 1980. La primera fue el Genocidio Guatemalteco que formó parte de una guerra civil que duró 36 años en aquel país, cuando un régimen militar que contaba en el apoyo estadounidense mató o “despareció” unas 200.000 personas, indígenas Maya en su mayoría. La violencia lanzó una onda de migrantes guatemaltecos al norte, muchos de ellos sin documentos.
El segundo fue una serie de huelgas realizadas por sindicatos de pescadores y obreros en las casas de pez en esa década por disputas sobre el sueldo, pensiones, y prácticas en la contratación. Una huelga realizada por el Sindicato Internacional de Marinero de América del Norte en el diciembre del 1985 terminó cuando los dueños de barcos contrataron trabajadores no-sindicadores para mantener sus operaciones. Un poco después, el sindicato se disolvió y se cambió en uno de los muchos rotos durante la administración anti-sindical del presidente Ronald Reagan. Por eso, muchos trabajadores salían de sus puestos, dejando un vacío para los inmigrantes dispuestos a trabajar por sueldos menores.
Como resultado de la disolución de los sindicatos, muchas de las restricciones sobre los procesos de contratación fueron levantados en los barcos y las más que 45 casas de pez de New Bedford. Los obreros indocumentados, guatemaltecos quichés al inicio contratados por agencias de trabajo temporal, comenzaron a entrar a New Bedford vía Providence y llevaron muchas veces llevaban sus familias y amigos por atrás de sí.
Fue así como el activista de Pescando Justicia — que trabajaba en varias casas de pez al largo de 17 años — encontraba su trabajo.
“[Las casas de pez] dan trabajo regularmente a las personas sin documentos,” dijo, agregando que sabía de apenas dos entre sus 50 colegas en su último trabajo con los documentos apropiados. “Definitivamente lo saben.”
Su antiguo empleador — Atlantic Red Crab Co. — ha sido baja investigación por el Departamento de Trabajo de los EE. UU. por “violaciones posibles de las leyes de mano-a-la-obra de los menores de edad, sueldo overtime, y las contra la retaliación” El Public’s Radio, la emisora NPR de Rhode Island, lo reportó en el septiembre 2023. Un año antes del reporte, Pescando Justicia comenzó a circular un Código de Conducta y pedía a los operadores de las casas de pez y los oficiales a firmarlo, pidiéndoles a respetar los derechos de todos los obreros sin importarse de su estado de ciudadanía. Fue alrededor de entonces, según el activista, que la compañía comenzó a cortar las horas.
“Nos contratarían porque saben que no vamos a quejarnos por la ansiedad sobre nuestro estatus,” dijo. “Fue cuando comenzamos a organizarnos que nos comenzaron a molestar.”
Oficiales del Atlantic Red Crab no respondieron a un pedido para comentario. Sin embargo, en una entrevista con el Public’s Radio, el dueño Jon Williams dijo que hubo un menor de 16 años que fuera descubierto trabajando en su fábrica que llegó allí por una agencia de mano-a-la-obra temporal.
“No es que fui yo que contratara a esa persona sino la agencia que envió esa persona a mi edificio,” dijo él en la entrevista. “Y si, esa persona trabajó en mi edificio. No lo puedo negar. Pero a veces tengo 150 personas trabajando en mi edificio y todos llevan cascos y mascaras en sus caras. Así que sea algo difícil distinguir una persona de 18 años de una de 16 años.”
Los datos más recientes del censo muestran unos 1.500 guatemaltecos residentes en New Bedford, ya que ese número sea bajo en la estimación de muchos debido al miedo que tuvieran los indocumentados en revelar su identidad en el Censo 2020. Muchos que conocen la comunidad dicen que 6.000 es un estimado más cierto. (Ya en el 2022, su presencia fuera tan grande que las Escuelas Públicas de New Bedford entraron en un acuerdo con el Departamento de Justicia para mejorar los servicios de interprete en el k’iche’.) La migración de guatemaltecos hacía la ciudad nunca se detuvo debido a las décadas de guerra civil que destruyó a la sociedad y sus instituciones. Inmigrantes de El Salvador y Honduras — dos países con historias y políticas tumultúas semejantes — venían en seguida.
“El sector de procesamiento no puede sobrevivir [deportaciones masivas]. Es trabajo duro con un rendimiento bajo.”
– Daniel Georgianna, un economista de recursos del pez
Muchos de ellos laboran en los barcos y las casas de pez, pero los números actuales son difíciles de calcular, dijo Daniel Georgianna, un economista de recursos de pez y canciller emérito en la Universidad de Massachusetts Dartmouth.
“No cuentan los indocumentados,” él dijo. “Simplemente no lo hacen.”
Sea lo que sea el número actual, Georgianna dijo que los obreros indocumentados son esenciales para el funcionamiento de las casas de pez de New Bedford. “El sector de procesamiento no puede sobrevivir [deportaciones masivas],” agregó. “Es trabajo duro con un rendimiento bajo.”
Representantes del Puerto de New Bedford, el Instituto Nacional de Pesqueras Marinas, un grupo de negocios, y varias casas de pez no respondieron a los pedidos para comentarios.
Los trabajos en las casas de pez muchas veces son monótonos y exigentes físicamente, requiriendo largas horas de pie en ambientes de temperaturas bajas mientras las manos están sumergidas en agua fría por periodos largos, mientras uno corte a los mariscos rápidamente con herramientas afiladas.
“No lo pueda creer si haya visto un cortador de pescado al trabajar,” dijo Georgianna. “Cortan un pez en 20 segundos y producen un rendimiento mayor que una máquina.”
Si pase que las deportaciones masivas comienzan en el primer día de la nueva administración, como dice el Trump frecuentemente, Georgianna concedió de que haya la posibilidad de que los sueldos suban para atraer la labor de los ciudadanos. Sin embargo, opina que lo más probable será que las fábricas se aprovecharán de las tecnologías para congelar sus productos y mandarlos para fábricas en el exterior antes de que los productos finales regresen para ser vendidos en el mercado americano como lo que pasó con las industrias de textiles y prendas. Eso resultaría en un aumento de los precios en mercados y restaurantes debido a los cuestos de la transportación y los impactos de las tarifas posibles propuestas por el presidente-electo. Él dijo que es allí donde la mayoría de los residentes de Massachusetts sentirían su impacto.
“Motivaría una mudanza grande, no solo al corto-plazo sino al largo-plazo,” dijo. “La calidad caería y los precios subirían porque los inmigrantes son los que producen la comida. Punto final.”
El Representante Estatal Christopher Hendricks, un Demócrata de New Bedford cuyo distrito incluye el Lado Norte y un gran pare del puerto de la ciudad, está de acuerdo.
“Seria potencialmente devastador para New Bedford,” Hendricks comentó sobre la amenaza de deportaciones masivas del Trump. “Especialmente para la flota pescador de New Bedford. Cuando el pez sale del barco es procesado, probablemente, por un inmigrante de América Central.”
“No conozco a nadie que no sea de esa comunidad que ha obtenido un trabajo en el procesamiento del pez en los últimos 20 años,” continuó. “Ojalá que las compañías sean vocales sobre su mano-a-la-obra y sus necesidades reales y del disruptivo que sería eso.”
A pesar del conocimiento del papel que desempeña la mano-a-la-obra inmigrante en la industria, el apoyo para Trump está alta entre los pescadores aquí. Muchos fueron atraídos a él por la esperanza de que levantaría restricciones sobre el pescado y que llevaría en serio sus preocupaciones sobre los efectos de la energía eólica marina a los ambientes marítimos.
Tyler Miranda, el capitán de cuatro barcos de vieiras en New Bedford que votó por Trump en el noviembre, dijo que los impactos locales de tales deportaciones serían de corto-plazo.
“No pienso que [las casas de pez] van a cerrar,” dijo. “Él no puede pasar por aquí a quitar todos, eso no es realista.”
Miranda agregó que piensa que la cantidad de personas cruzando la frontera tiene que ser controlado y que sería un incentivo para más cruzamientos para los Estados Unidos si no las deporten.
“No es que hayan cometido cualquier crimen o algo mientras estén aquí, pero, mismo así, están aquí ilegalmente,” dijo. “Nuestra fuerza laboral no debe tener los inmigrantes ilegales como base.”
El Trump no ha hecho público los detalles específicos sobre sus planes de deportación al parte de que declararía una emergencia nacional y que usaría los militares para detener a personas. (Él dijo en una entrevista con NBC News en diciembre que le gustaría trabajar con los Demócratas para encontrar una solución legislative para los inmigrantes indocumentados que llegaron al país como niños para que se queden legalmente.) El Miranda dice que él reconozca las contribuciones de los inmigrantes — con papeles o sin papeles — para la industria. Sin embargo, dijo que deben enfrentar las consecuencias por entrar al país ilegalmente.
“Desafortunadamente, habrá consecuencias económicas porque estamos en esta posición,” dijo. “La mayoría de ellos son gente buena y trabajador. Pero hay un proceso para entrar a este país.”
Puede ser que la historia reciente tiene lecciones de que se traten esas consecuencias. Georgianna destaca lo que pasó a las industrias de textiles y prendas que daban trabajo a miles. En la década 1920, había 70 fábricas de textiles y telas en New Bedford antes de que comenzaran a cerrarse y mudarse para los estados del sur como Alabama y Virginia donde los sueldos fueron menores. Consecuentemente, las fábricas de prendas y puntadas comenzaron a dar empleos a muchos inmigrantes, las mujeres particularmente — un padrón que se extendía hasta la década de 1990.
Cuando los EE. UU. firmaron el Tratado del Libre Comercio Norte Americano con Canadá y México, que entró en esfuerzo en 1994, millones de trabajos de manufacturación se fueron para México. Según datos de la Oficina Ejecutiva de Labor y Desarrollo, hubo 14 fábricas de textiles y telas en New Bedford en el 2001. Hoy en día, se quedan tres solos. Las fábricas de prendas, más prominente en la zona en aquella época, bajaron de 28 hasta 13 en el mismo periodo.
“Llegué en [19]77 y hubo muchas tiendas de puntadas en la ciudad,” dijo Georgianna. “Ya casi no hay.”
Eso resultó en la desaparición y caída severa de los sueldos, gastos, y rendimientos por impuestos en la ciudad — un padrón hecho peor por la cantidad de personas que salían de la zona en sus búsquedas por trabajo. Según un análisis del gobierno municipal, la población de New Bedford cayó 6 por ciento en la década de 1990. Se correspondió a una caída en el sueldo anual promedio de hogar de 6 por ciento desde $29.441 en 1989 hasta $27.569 en 1999.
Por lo grande que fuera el colapso de las industrias de prendas y textiles, deportaciones masivas repentinas podrían tener un impacto mayor por la escala temporal trancada. Los activistas dicen que el pueblo sentiría sus efectos adversos rápidamente.
“En general, el sureste de Mass es vulnerable porque no hemos disfrutado del mismo crecimiento económico que se ve en la zona de Boston y dependemos en los sectores como la pesquera, fabricación, construcción,” dijo Williams, del CEDC del Sureste de Massachusetts. “
El Massachusetts ha estado el enfoque de la polémica sobre la inmigración varias veces en los años recientes. En el septiembre 2022, el Gobernador Ron DeSantis de Florida aerotransportó 50 personas, venezolanos en su mayoría, solicitando el asilo para Martha’s Vineyard. La cobertura de los medios de noticias de los acontecimientos resultó en una gran simpatía pública por sus circunstancias. En los dos años desde entonces, otros gobernadores republicanos seguían su ejemplo y mandaban un corriente constante de migrantes, más notable unos 14.000 haitianos, la mayoría en procesos de asilo y Estado Temporal de Protección (TPS). La prensa local fue inundada por historias de migrantes nuevos durmiendo en el Aeropuerto Logan y el aplastamiento del sistema de albergues en Massachusetts dieron motivo a la Gobernadora Maura Healey para declarar un estado de emergencia el año pasado. Como consecuencia, la simpatía entre sectores del público dio espacio para la hostilidad hacía los migrantes.
Fue ese el fondo cuando el Trump prometió “lanzar el mayor programa de la deportación en la historia americana” en el primer día de su segundo término y que deportaría a las personas “lo más rápido posible.” Como será eso en la realidad es una pregunta abierta. La logística de una operación tan grande — hay estimados de 11 millones de personas sin documentos por todo del país — sería costos y tendría efectos por toda la economía. En Massachusetts, hay un estimado de 130.300 inmigrantes indocumentados con capacidad en gastar $3,7 billones. Suelen trabajar en las industrias de la limpieza, construcción, servicios de comida, y trabajos de fabricación.
Mismo así, unos políticos estatales prominentes — incluso a la Healey — han dicho que no van a permitir el uso de recursos estatales ni municipales para apoyar acciones de ICE.
“Pienso que sea absolutamente apropiado que haya esfuerzo y deportación de personas que cometen delitos, incluso los crímenes violentos,” dijo Healey a la NBC Boston poco después de la victoria de Trump. “Reconocemos que sería devastador si hubiera redadas masivas, aquí y en todo del país, que quitaran personas que han estado trabajando por mucho tiempo en este país y que tengan familias e hijos aquí.” Su oficina se negó los pedidos de CommonWealth Beacon para una entrevista.
La Alcalde de Boston Michelle Wu también ha dicho públicamente que la ciudad va relajarse en el Trust Act, una ley que prohíbe a la policía de Boston a preguntar a personas sobre su estado migratorio y también prohíbe su participación en las acciones de ICE, para resistir la presión de la administración Trump para ayudar en las deportaciones.
“El Boston Trust Act impone prohibiciones estrictas a los oficiales de la policía e impide su inclusión en la ejecución de las leyes de inmigración,” dijo Wu en noviembre en el programa “Boston Public Radio.” “Nuestra misión aquí es cuidarles a los residentes de Boston y usar nuestros recursos de todas las fuentes disponibles para realizarla.”
Ni el Massachusetts ni la New Bedford tiene una ley santuario en el código legal que prohíbe la cooperación policiaca con el ICE. Sin embargo, una decisión del Corte Supremo Judicial en el 2017 declaró que las policías en la Mancomunidad no tienen la autoridad para arrestar o detener una persona solo por el motivo de un detainer del ICE.
Al pedirle al Alcalde de New Bedford Jon Mitchell para un comentario, el portavoz de la ciudad Jonathan Darling dijo que el gobierno municipal va esperar a ver como se evoluciona la situación.
“La Ciudad va a monitorizar a los cambios potenciales de la política federal de la inmigración y a otros asuntos y continuará a defender a los intereses de los residentes y negocios de New Bedford,” dijo en un correo electrónico.
“¿Vamos a romper las familias como pasó en el caso Bianco? Los niñitos, ciudadanos estadounidenses, que esperaran ver su madre o padre después de salir de la escuela y eso no pasó. Es algo devastador y creo que haya formas mejores para navegar el asunto.”
– Representate Estatal Antonio Cabral
En la atmosfera de confusión y pánico que resultó de la Redada Bianco, hubo familias separadas y muchos comenzaron sus experiencias en el corte de inmigración. Representante Estatal Antonio Cabral, un Demócrata cuyo Distrito incluye el Lado Sur de New Bedford y secciones de su puerto, dijo que lo recuerda intensamente.
“¿Vamos a romper a las familias como pasó en el caso Bianco?” él dijo. “Los niñitos, ciudadanos estadounidenses, que esperaran ver a su madre o a su padre después de salir de la escuela y eso no pasó. Es algo devastador y creo que haya formas mejores para navegar el asunto.”
No se sentía cómodo hablando de las acciones posibles que serán necesarias para navegar tal situación en los años que vienen hasta que sea claro como son los planes de deportación del Trump.
“Hasta ahora, ni sabemos del significado ‘deportaciones masivas,’” dijo Cabral.
La Corinn Williams dijo que los lideres estatales y locales deben estar explorando sus opciones para apoyar comunidades, aunque ella esté consciente de lo difícil que sea eso cuando no haya certeza de lo que pasará. Al mismo que sea así, ella espera que tomen sus preocupaciones en serio porque la mera amenaza de deportaciones masivas pueda impedir las actividades locales.
“Hay ciertas vulnerabilidades que tenemos como una comunidad y muchos nos han dicho que ni quieran llevar un bus o llevar sus niños a la escuela,” ella dijo. “El pueblo se va a cercenar y se está criando algo como un terror que impide a las personas a circular en la comunidad y la economía.”
El Jefe de la Policía Oliveira dijo a la Commonwealth Beacon que la policía de la ciudad continuará a servir los integrantes de la comunidad sin importarse con su estatus de inmigración.
“Voy a seguir viniendo y seguiré siendo un defensor por lo que hacen aquí en nuestra ciudad,” dijo. “Son una pieza integral de nuestra ciudad. Para mí, eso es un orgullo y sé que les enorgullece a ellos también.”
“Forma una gran parte de nuestra fuerza laboral aquí en New Bedford,” continuó. “[Deportaciones masivas] dañarían a nuestra ciudad definitivamente y por eso no me gusta especular sobre eso.”
El activista de Pescando Justicia notó que los sueldos bajos y la lucha para sobrevivir combinan y resultan en una falta de consciencia entre muchos de la comunidad sobre la situación política y el caos que la causará.
“Muchas personas quieren trabajar solo para llevar pan a sus casas,” dijo. “No se paren para pensar más allá de eso.”
“No es la primera vez que nos amenazan con deportaciones masivas,” dijo, notando que hubo millones de personas deportadas durante la administración Obama. Lo hemos sobrevivido antes. Solo que nadie hable de eso.”
Dijo que él y su esposa, también indocumentada, tienen dos hijos que son ciudadanos estadounidenses, que tienen 15 y 17 años respectivamente. La familia ya ha hecho planes de contingencia y ha conversado sobre la posibilidad de su deportación
“También nosotros estamos psicológicamente preparados,” dijo. “Estas son las cosas de que nuestra comunidad todavía le falta hacer.”
La Williams dijo que parece que el mensaje ya se ha llegado al pueblo y que ellos están preparándose para lo peor al mismo tiempo que continúen en la lucha cotidiana para la sobrevivencia.
“Una mujer nos llamó del Hospital St. Luke’s el día después de la elección,” se recordó. “Apenas dio la luz a una hija y quería saber cómo obtener su pasaporte para que se pudiera ir con sus padres a Guatemala.”
Los activistas dicen que lo mejor que puedan hacer ahora es creer las palabras de Trump y ayudar a sus comunidades en las preparaciones para lo peor.
Eso el trabajo que hace el Adrian Ventura, el fundador y director del CCT, todos los días.
“Miren a todo lo que hemos logrado,” dijo a un grupo de 350 personas, hablantes del quiché y español en su mayoría en los medios del diciembre, en un esfuerzo para mantener un tono de esperanza. “No vamos a dejar de luchar solo porque gañó el Trump.”
Otra vez, el CCT convocó una reunión para ayudar a los inmigrantes — muchos de los asistentes ya hubieron obtenido permisos de acción diferida, pero aún más seguían siendo indocumentados — a navegar la administración entrante. El Oliveira juró de nuevo el apoyo policiaco para la comunidad y abogados de inmigración listaron las acciones que las personas puedan hacer para protegerles. Ya después, la charla se tornó hacía el juramento del Código de Conducta que el Pescando Justicia publicó hace dos años que pide a las casas de pez que se comprometen a un aviso de al mínimo 12 horas sobre los horarios del trabajo para los empleados, que le den breaks a intervalos regulares, y que se abstienen del uso de las amenazas de deportación para controlar a los obreros. Los organizadores del CCT juntos con la Justicia en el Trabajo, una organización sin fines de lucro ubicado en Boston que ayuda a los obreros en trabajos de sueldos bajos, esperaron darle motivación a la multitud para defender a sus derechos y luchar para mejores condiciones laborales, a pesar de la mudanza en el escenario federal.
“¿Quién quiere firmar la petición?” les preguntó Ventura, que obtuvo su ciudadanía estadounidense unos meses antes.
Todos se levantaron las manos.
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